¿Son las personas con exceso de peso responsables de ello? ¿Y la administración y los sistemas de salud, toman medidas en la dirección adecuada? ¿Nos condiciona la industria alimentaria en las decisiones que tomamos diariamente con respecto a nuestra alimentación? En este post voy a tratar estas cuestiones y de cómo acciones llevadas a cabo por políticas de salud en materia de nutrición pueden influir en nuestros hábitos alimentarios.
Las enfermedades no transmisibles (ENT) y el exceso de peso son una gran preocupación para la autoridades sanitarias en países de ingresos medios y altos. El sobrepeso, definido como un índice de masa corporal (IMC) de entre 25-30 kg/m2 y especialmente la obesidad con un IMC superior a 30 kg/m2 son factores de riesgo para la aparición de las ENT. De entre todas las patologías crónicas con una mayor incidencia en los países desarrollados aquellas que más relación tienen con el exceso de peso son la hipertensión, la diabetes tipo 2, las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares, la osteoartritis y algunos tipos de cánceres (endometrio, mama, ovarios, próstata, hígado, vesícula biliar, riñones y colon). Desde 1980 la prevalencia de obesidad se ha doblado en todo el mundo y se cobra más vidas que la desnutrición. Actualmente, lejos de ser únicamente un problema de los países más ricos, afecta también a los países de ingresos bajos, donde conviven ambas situaciones: desnutrición y obesidad.
Políticas de salud pública en nutrición
El gasto económico que los sistemas de salud deben afrontar para el tratamiento de este tipo de patologías ha hecho que algunos gobiernos se tomen muy en serio el adoptar medidas que tienen como objetivo reducir “conductas de riesgo”. Hablo de los famosos impuestos a las bebidas azucaradas. Personalmente no me desagradan este tipo de medidas si es que se aplican buscando dos objetivos claros que, bajo mi criterio, deberían ser: por un lado reducir el consumo de alimentos malsanos por parte de la población, y por otro, el que considero principal, forzar a las empresas a que reformulen sus productos disminuyendo el contenido en azúcar. Ya sabemos que lo que más nos duele a todos es que nos toquen el bolsillo –tanto a consumidores como a industria-, así que si aplicando una tasa de este tipo se logra reducir el consumo de azúcar, pues ¡bienvenida sea! En España, la medida anunciada en diciembre de 2016 por el gobierno de adoptar un impuesto sobre las bebidas azucaradas quedó finalmente paralizada por los nuevos pactos entre partidos políticos. Solo Cataluña ha decidido implantarla desde el pasado mes de mayo. A nivel internacional los países que actualmente aplican la llamada tasa soda (es así como fue bautizado en Francia) no son demasiados y lo han hecho con una gran heterogeneidad. Destacan Chile, Finlandia, Francia, Hungría, México, Noruega (desde 1981), Suráfrica y algunas ciudades de EEUU. Reino Unido ha anunciado que lo hará a partir de abril del próximo año e invertirá lo recaudado en iniciativas para la actividad física en colegios.
Como es obvio la industria alimentaria a través del lobby del azúcar no está dispuesta a cambiar así por las buenas y es por eso que son necesarias políticas alimentarias que fomenten y faciliten el consumo de alimentos sanos y “penalicen” el de los que lo son menos. En este sentido la Organización Mundial de la Salud (OMS) es clara, recomienda tomar medidas fiscales que lleven a un aumento de, al menos, un 20% del precio de venta al público en las bebidas azucaradas para conseguir una reducción considerable de su consumo. La tasa en Cataluña se aplica teniendo en cuenta la cantidad de azúcar por cada 100 mililitros de bebida. Se trata de un gravamen de 0.08 euros por litro para bebidas con un contenido de azúcar entre 5 y 8 gramos por 100 mililitros; y 0.12 euros por litro para bebidas con un contenido de azúcar superior. Es demasiado pronto para analizar si la medida recién impuesta en Cataluña ha tenido un impacto real sobre el consumo, pero lo que está claro es que por la naturaleza de la tasa es difícil que el encarecimiento de los precios al público alcance un 20%, salvo en envases de marcas blancas (las más baratas) con un gran tamaño y mayor contenido en azúcares.
Al contrario de lo que pueda parecer, la batalla contra el azúcar llevaba a cabo a través de políticas de salud no es nada nuevo, prueba de ello fue la puesta en marcha por parte del gobierno de Dinamarca de una tasa específica para las “chuches” allá por los años 30.
Muchas voces dicen que este tipo de impuestos solo tienen un afán recaudatorio y poco tienen que ver con una preocupación real por la salud de los ciudadanos. De todo ahí, no cabe duda. Pero lo cierto es que en Reino Unido, a casi un año vista de la entrada en vigor de la tasa, ya dan cuentas de los beneficios que solo su anuncio ha tenido. Algunas compañías como Tesco han decidido reformular sus refrescos disminuyendo el contenido en azúcar en su afán por evitar la nueva tasa. En México, un impuesto del 10% sobre las bebidas azucaradas implantado en 2014 ha tenido una reducción del 9.7% en las ventas en 2015, con un mayor descenso en los hogares más desfavorecidos económicamente, precisamente aquellos más afectados por enfermedades relacionadas como la obesidad y la diabetes.
Y si es tan perjudicial ¿por qué solo gravar los refrescos?
Existen diversas acciones que pueden ser llevadas a cabo a la hora de aplicar políticas de salud públicas en materia de nutrición. Un buen enfoque es el que utilizan los fabricantes y distribuidores a través del marketing social de las “4Ps”: producto, precio, promoción y punto de venta. Con este marco desarrollan las estrategias necesarias para lograr sus objetivos comerciales. Este enfoque es también utilizado en políticas de nutrición para decidir las acciones futuras que pueden conducir a una mejora de la alimentación de la población. Éstos serían a grandes rasgos los tipos de intervención a los que hace referencia cada “etiqueta”:
- Producto: Reformulación, eliminación o creación de productos más sanos. Un ejemplo claro lo tenemos en España, donde en 2004 a través de la estrategia NAOS se llegó a un acuerdo con las asociaciones CEOPAN y ASEMAC para la reducción de sal en la elaboración de pan. Actualmente se sigue trabajando con otros sectores para reducir el contenido en sal de más alimentos. En España se logró gracias a acuerdos voluntarios con los sectores implicados, en otros países se legisló para ello. Lo mismo podemos decir de las iniciativas para reducir las grasas trans.
- Precio: impuestos, subsidios e incentivos económicos. Los impuestos sobre varios nutrientes malsanos como sal, azúcar y grasas saturadas han sido más comunes en Europa que los subsidios para alimentos como fruta y verdura. No obstante existe un plan de consumo de frutas y verduras para los centros escolares (con carácter voluntario) cofinanciado por la UE, CCAA y el MAPAMA que España viene desarrollando desde el año 2009. Este plan consiste, entre otras muchas medidas, en la distribución gratuita de frutas y verduras en colegios fuera del horario de comidas.
- Promoción de alimentos: marketing y publicidad, educación en nutrición, información pública y campañas. Son numerosos los países europeos que tienen regulada mediante leyes la publicidad de alimentos dirigida a los niños: Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Holanda, Lituania, Noruega, Suiza, Reino Unido, etc. En España se echa en falta una regulación firme (existe un manual de buenas prácticas: el código PAOS) viendo las cifras de obesidad infantil actuales. Por otro lado, la educación alimentaria no es obligatoria en los centros escolares, más allá de campañas puntuales voluntarias. La información nutricional del etiquetado de los alimentos cumple la legislación europea, cómo no, pero cierto es que no facilita la comprensión por parte de los consumidores, algo más se podría hacer.
- Punto de venta: colegios y lugares de trabajo. Las intervenciones en lugares clave para facilitar la disponibilidad de alimentos saludables y eliminar la de los alimentos insanos es una estrategia utilizada en Europa. En España la más importante fue llevaba a cabo en centros escolares. A través de un acuerdo promovido por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se elaboró un documento de consenso que posteriormente se convirtió en ley (17/2011 de seguridad alimentaria y nutrición). En él se regulaba el servicio de los comedores y la oferta alimentaria de las máquinas expendedoras y cantinas de los centros educativos con el objetivo de ofrecer alimentos y dietas equilibradas desde el punto de vista nutricional.
Como veis son muchas las estrategias en política de salud que pueden ser llevadas a cabo para fomentar el consumo de una alimentación más equilibrada y prevenir muchas de las ENT relacionadas con la obesidad. Lo cierto es que el debate en torno a los impuestos suele estar presente por las suspicacias que este tipo de medidas despiertan. En el plano estrictamente nutricional la imposición de una tasa sobre las bebidas azucaradas responde a la evidencia contrastada de que un consumo habitual de azúcares libres no solo contribuye a la ganancia de peso, sino que tiene una relación directa con la aparición de las caries dentales, el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y la incidencia de las enfermedades cardiovasculares.
México es el país con el mayor consumo de bebidas azucaradas: 160 litros por persona y año (datos de 2012) y el segundo de la OECD con mayor número de personas con exceso de peso. El 71% del consumo de azúcares añadidos en este país proviene de bebidas azucaradas. En España el consumo es de 44.6 litros por persona y año (datos de 2015), un 6.7% más que en 2004. Al parecer, una tasa especial sobre las bebidas azucaradas reduciría su consumo en un porcentaje similar al del propio impuesto, siendo las personas que más consumen estas bebidas las más propensas a responder reduciendo su compra.
La medida de imponer ciertos impuestos a nutrientes sabidos insalubres se hace necesaria, como decía, no solo como una medida para que los consumidores eliminemos determinados productos de la cesta de la compra, sino para que las empresas se vean forzadas a reformular sus productos, invirtiendo en investigación e innovación para diseñar alimentos más nutritivos y saludables, que en definitiva es de lo que se trata.
Marketing infantil
Mucho más se podría hacer en cuanto a la regulación de la publicidad en televisión e internet de alimentos poco saludables que tienen por objetivo al público infantil. Si ya de por sí existe una correlación entre horas de televisión y obesidad infantil, los anuncios de alimentos ricos en azúcar y grasa son considerados como la clave en la relación entre sobrepeso y televisión. La visualización de este tipo de publicidad incrementa el consumo de snacks y alimentos con una baja carga nutricional en todos los niños, pero lo hace todavía más en aquellos con exceso de peso, elevando así la ingesta de calorías totales.
Aquí os dejo de ejemplo unos anuncios publicitarios que demuestran, bajo mi punto de vista, que no se está haciendo lo suficiente en este aspecto. Esta empresa está adherida al código PAOS. Se sale del paso con el mensaje sobre ejercicio al pie del vídeo.
Subidón de azúcar en 3, 2, 1
Conclusión
El sobrepeso y la obesidad son problemas consecuencia de las sociedades y modos de vida actuales. Con estrategias y acciones en materia de nutrición y salud pública se pueden fomentar estilos de vida y hábitos alimentarios que ayuden a la toma de mejores decisiones por parte de los individuos. La publicidad en medios de comunicación de todo tipo es una herramienta utilizada por la industria alimentaria para la consecución de sus objetivos comerciales, sin embargo, los más pequeños están desprotegidos ante determinadas técnicas de marketing y es necesaria una regulación estricta que los proteja.
Referencias
MyNutFit.com 